La actualidad política lleva ya unas semanas al ralentí, pero el curso político pondrá su punto y final este martes con la última reunión ordinaria del Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Y en ella, el Gobierno aprovechará para cerrar asuntos pendientes, entre ellos la aprobación de la prórroga del decreto destinado a prohibir los desahucios de familias vulnerables que vayan a quedar en la calle o el corte de los suministros de luz, agua y gas. Asimismo, el Ejecutivo dará su visto bueno al balance de medidas del último semestre, presentado por el presidente Pedro Sánchez la semana pasada y que revela que el Gobierno está estancado en más de una decena de importantes compromisos.

Después de que el Congreso iniciara el mes pasado las vacaciones parlamentarias, está previsto que los ministros y el presidente también tomen unos días de descanso y retomen su plena actividad durante la semana del 23 de agosto. Pero antes, no obstante, el Gobierno tiene que dejar cerrada la extensión de un decreto, el antidesahucios, que caducaba el 9 de agosto junto con otras medidas, como la posibilidad para las familias vulnerables de solicitar un aplazamiento en el pago del alquiler si el casero es una empresa o la extensión automática de los arrendamientos en vigor solo con la petición del inquilino. Y lo hará en el Consejo de Ministros de este martes.

El Gobierno amplía hasta noviembre la prohibición de cortar luz, agua y gas y el decreto antidesahucios

Tal y como adelantó hace unos días 20minutos, el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, han negociado y decidido alargar el actual decreto hasta el 31 de octubre en su integridad. Por tanto, la norma seguirá prohibiendo desahuciar a las familias consideradas vulnerables por los servicios sociales, con una única excepción: que el arrendador sea un pequeño propietario y la comunidad autónoma facilite una vivienda alternativa al afectado. Si la administración no es capaz de realojar a la familia, esta debería poder quedarse en su residencia aunque no pueda pagarla, y en tal caso el Estado otorga al casero una compensación.

La protección es mayor si el arrendador es una empresa o un propietario de más de diez viviendas, ya que en ese caso la norma suspende automáticamente el desalojo si la familia acredita su vulnerabilidad. Unidas Podemos, no obstante, no ha conseguido que a partir del 9 de agosto ese pase a ser el criterio general a utilizar sea el arrendador pequeño o gran propietario, como era su deseo. La propuesta morada hubiera implicado prohibir todos los desahucios de familias consideradas vulnerables mientras no hubiera una alternativa habitacional real que fuera una vivienda.

Suministros y alquileres

Menos letra pequeña incluye el veto a cortar luz, agua y gas a las familias consideras vulnerables por los servicios sociales. El decreto prohíbe dejar sin suministros básicos a "aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social". "Para acreditar la condición de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras de gas natural y agua", señala el decreto, "bastará la presentación de la última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social de electricidad".

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Asimismo, la norma amplía los criterios por los cuales un consumidor puede acceder a ese bono social eléctrico y, por ende, a la prohibición del corte de gas y agua. Se considerará que existe vulnerabilidad y, por tanto, derecho a este bono, cuando el titular del contrato o "alguno de los miembros de su unidad familiar" estén desempleados, en ERTE o sufran "otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos". Para acceder a la ayuda, el mes anterior a la solicitud la unidad familiar no debe haber superado un ingreso de 988 euros, 1.318 euros en el caso de que haya un menor en la familia.

También se extenderán más allá del 9 de agosto varias de las medidas relativas al alquiler puestas en marcha de manera extraordinaria por el Gobierno, habida cuenta de que la negociación de la ley de vivienda va por su quinto mes de retraso conforme al plazo previsto y no se prevé que haya avances a corto plazo. De esta forma, los inquilinos cuyo contrato de alquiler venza hasta el 31 de octubre podrán pedir a su casero que se lo prorrogue durante un periodo máximo de seis meses más en las mismas condiciones. El arrendador estará obligado a hacerlo, salvo que acuerde con el inquilino unos términos diferentes.

Si el casero es un gran tenedor (un particular o una empresa con más de diez pisos), el inquilino tiene otras opciones. El arrendatario podrá solicitar un aplazamiento o incluso la condonación total o parcial de la cuota de alquiler en caso de que haya perdido total o parcialmente el empleo o haya sufrido una "pérdida sustancial de ingresos", siempre y cuando estos no hayan sobrepasado el mes anterior el umbral de los 1.694 euros y el alquiler, junto a los suministros básicos, se lleve más del 35% de esos ingresos.